Los documentos que se ha allegado la autoridad fiscal y que sirven de base para establecer la existencia del delito, son los que sirven para formar el expediente de la acusación y son las actas de visita domiciliaria, resultados de compulsas, informes de la Comisión Nacional Bancaria y lo que demuestra la inconsistencia entre lo que ha declarado y los ingresos que realmente obtuvo y comprueba la autoridad fiscal.

Los documentos que proporciona el mismo contribuyente son aquellos que demuestran la comisión del delito tales como el alta ante la autoridad fiscal, las declaraciones del ejercicio, la constitución de la sociedad, las reformas que ha tenido la sociedad, entre otros.

La Declaratoria de Perjuicio es el dictamen técnico contable que emite la autoridad fiscal para cuantificar el monto del daño patrimonial causado a la Hacienda Pública por el probable responsable, en este documento se cuantifica el daño patrimonial y quienes han realizado la conducta que se presume delictiva, así como la relación de las pruebas que ha reunido la autoridad para determinar el daño patrimonial a la Hacienda Pública.

Todo este expediente pasa la Procuraduría Fiscal, hasta aquí todo se lleva con el mayor sigilo y discreción, muchas veces el contribuyente no sospecha que el mayor daño le está por llegar, esta es una labor de detective, reconstruir el ejercicio financiero de la empresa y compararlo con la realidad, para después cuantificar el daño con multas, recargos y la actualización fiscal, así 2 millones de pesos se convierten en 36 millones de pesos a la hora de cuantificar el daño patrimonial.

Como corolario, se debe entender que toda la investigación administrativa serán prueba dentro del proceso penal, y ahora estas pruebas son consideradas plenas, es decir con un valor absoluto dentro del proceso penal tributario, es la peor noticia para los contribuyentes.